Tema “Vivir bien, vivienda digna, vivienda para una vida digna: políticas de vivienda en Bolivia (2011-2018)”
Expositor: Marko Quiroga Berazaín
Autores: Marko Quiroga Berazaín, Eduardo Córdova
Fecha: 7 al 10 de octubre de 2019
Bolivia está cambiando. Los cambios no se refieren solamente a la estructura del Estado o a la llamada “nacionalización” de la economía. La estructura social también muestra transformaciones importantes; los modelos de familia se están diversificando, entre otros procesos, y la demanda de vivienda y servicios expresa modificaciones ligadas con esos cambios. Hay una perspectiva estatal distinta en relación con los derechos sociales, por cuanto se reconoce constitucionalmente el derecho de acceso a los servicios; hay una nueva institucionalidad y políticas que se apartan de la focalización de la cobertura, privilegiada hace tres lustros. La dinámica social, la metropolización, la urbanización y el crecimiento económico imponen los desafíos de universalización y sostenibilidad de los servicios. Problemas como la especulación por la presencia de capitales transnacionales, o el llamado “loteamiento”, la carencia de bancos de tierras fiscales municipales, la segregación y el avance sobre áreas naturales o agrícolas deben enfrentarse en las políticas [25]. Existen también propuestas desde la sociedad civil.
El tratamiento del derecho a la vivienda se realiza en varios niveles y en dos vertientes. En una primera vertiente, está el derecho humano, en un nivel normativo, con las limitaciones de “justiciabilidad” que connota; está asimismo el nivel de los compromisos internacionales con metas e indicadores precisos encarnados en la Agenda 2030. Paralelamente, en otra vertiente, están el paradigma del vivir bien, en una formulación abstracta y, más concretamente, la Agenda Patriótica 2025. Ambas vertientes deben confluir en las políticas de vivienda.
En el caso del vivir bien, no se codificó un conjunto de indicadores estable para fundar y desarrollar políticas públicas. De hecho, está implícita la discusión de si debieran o no plantearse indicadores, en tanto que el vivir bien se opone por principio a la linealidad y a la idea de “vivir mejor” (mejor que ayer, mejor que los otros). Esto presenta problemas para la corresponsabilidad entre el Estado (sobre todo la Agencia Estatal de Vivienda), los agentes económicos (las empresas, las cooperativas) y la sociedad civil (los pobladores y un conjunto de organizaciones que animan el debate sobre la vivienda). En todo caso, el vacío que quedaría en las políticas en relación con los postulados del derecho humano o con el vivir bien se suple en la interacción de los funcionarios estatales, las organizaciones de la sociedad civil que animan el debate desde hace más de tres décadas y de la población misma, que en cada caso particular define en última instancia cómo se plasman los derechos o las aspiraciones del vivir bien.
Escrito por: Marko Quiroga
